El 25N, Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es una cita histórica y colectiva en la que participamos también las universidades, para recordar nuestra responsabilidad y actuar como motor de cambio y transformación hacia una sociedad más justa y libre de violencias machistas. En concreto, es nuestro deber propiciar espacios de debate profundo y favorecer la investigación crítica, acerca de los impactos y afectaciones de la violencia machista, así como sensibilizar de que la violencia machista se produce en todos los ámbitos, también en el universitario, y en todos los estratos sociales, con independencia del origen socioeconómico.

A lo largo de estos años hemos conseguido avanzar en cuanto a concienciación social y hoy podemos decir que, tras casos muy mediáticos y numerosas campañas de gran impacto social, se ha generado el rechazo y repudio de la mayoría de la sociedad. No obstante, queda mucho por avanzar y es indudable que en ese avance el papel de las universidades resulta crucial. Nuestras instituciones deben contribuir a esa transformación, en general, mediante la concienciación social y, en particular, a través de la aplicación y fortalecimiento de mecanismos sancionadores, que garanticen una tolerancia cero a las situaciones de violencia machista y acoso que se den en la universidad.

No en vano, la Constitución española dispone que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad sea una realidad en nuestra sociedad, evitando situaciones de acoso y discriminación a partir del deber de debida diligencia. Este deber es, a la vez, nuestra herramienta para actuar más allá de los mecanismos sancionadores e intervenir desde la prevención, con la finalidad de transformar el entorno, y la reparación para poner en el centro la atención a las necesidades de la víctima.

Las universidades son el mejor entorno posible para generar reflexión crítica sobre lo que significa un espacio educativo seguro para las mujeres; para identificar los factores de riesgo y las formas posibles de discriminación por razón de sexo en cada uno de los distintos contextos; para diseñar e implementar campañas de sensibilización frente a la violencia; y para activar acciones comunicativas que ayuden a visibilizar las manifestaciones de violencia machista que aún hoy permanecen normalizadas. Estos son solo algunos de los retos que la institución universitaria debe afrontar para potenciar nuestra misión preventiva, y que conviene acompasar con el debate y la reflexión académica en materia de justicia restaurativa. Es preciso trabajar en la reparación para evitar la repetición, pensando y creando mecanismos de acompañamiento, apoyo y reparación adecuados en el ámbito universitario que tengan en cuenta la dimensión material y simbólica, así como la individual y colectiva, aplicando la perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos en todas las políticas universitarias y trasladándola a todas las acciones de la universidad.

Pero toda esa labor se debe llevar a cabo admitiendo que la universidad no es un universo aislado de la sociedad en la que se incardina, descontaminada de prejuicios. La universidad está formada por personas, por esas mismas personas que forman parte de la sociedad a cuyo mejor valor debemos contribuir. Por ello, para que las universidades podamos contribuir fielmente a la labor social que nos corresponde, es imprescindible que las unidades que forman el todo se encuentren en condiciones idóneas de conocimientos y compromiso. Para que la universidad pueda cumplir con la debida diligencia esa misión, es esencial que exista formación específica en perspectiva de género a todos los niveles, no sólo respecto de quienes participan en la toma de decisiones y de las diferentes áreas que intervienen en la aplicación de nuestras políticas -pues incluso las políticas aparentemente neutras pueden tener derivas discriminatorias- sino también respecto de quienes desde la docencia y la investigación tienen la oportunidad de contribuir a avanzar en la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y a erradicar en la violencia contra las mujeres. Nuestras Universidades deben disponer de medios y recursos para poder afrontar con entusiasmo ambas tareas.

Y ese entusiasmo ha de alcanzar hoy la cota más alta posible, pues nos encontramos en un contexto global en el que el avance del movimiento feminista, que ha conseguido desafiar y cuestionar estructuras patriarcales, confluye con la emergencia de movimientos reaccionarios de extrema derecha, que buscan atacar y poner en riesgo derechos alcanzados, como el aborto, la coeducación o el reconocimiento a las diversidades. Es importante ser conscientes de este escenario para no escatimar en el esfuerzo y compromiso de erradicar las violencias machistas. En ese sentido, es importante recordar que los avances que hemos logrado los hemos conquistado a través de la acción colectiva, entre entidades, grupos y organizaciones. Ha sido la colaboración de voces diversas y experiencias compartidas la que nos ha permitido superar obstáculos y avanzar en la consecución de derechos, y esa colectividad es una de las fortalezas que tenemos las universidades como motores del cambio social.