Con motivo del “Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres”, las Universidades, a través de sus Unidades de Igualdad, reivindicamos nuestro papel de agentes activos en la lucha contra todo tipo de violencia sobre las mujeres. Violencias que están asentadas sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, construidas culturalmente mediante prácticas discriminatorias asimiladas como naturales y propias dentro del orden social establecido.

Es objetivo prioritario y común de las Universidades colaborar con los poderes públicos y la sociedad en su conjunto para poner fin a las violencias ejercidas sobre las mujeres. En el ámbito de la relación de pareja, la violencia de género también alcanza a hijas e hijos sobre quienes los riesgos de integridad psicológica y física se convierten en peligro cierto por la instrumentalización que de ellos realizan algunos hombres para continuar ejecutando su crimen sobre la madre.

En nuestro contexto social de convivencia es fundamental erradicar el acoso sexual o por razón de sexo en la esfera laboral y académica, los abusos y agresiones sexuales en entornos festivos, la explotación sexual y reproductiva, la trata de mujeres y niñas con fines sexuales, la violencia simbólica sexista, la cosificación de la mujer, la hipersexualización de las niñas y un largo etcétera de actos violentos que se ejercen contra las mujeres por el mero hecho de serlo.

Las Universidades y sus Unidades de Igualdad trabajamos desde hace tiempo en algunas de las líneas estratégicas establecidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso y el Senado en 2017, adoptando medidas y prácticas de actuación dirigidas a las comunidades universitarias y a su entorno. La puesta en marcha de dichas medidas conlleva un esfuerzo continuado de tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres.

Es por ello que la dotación económica dispuesta en el Pacto de Estado, y gestionada por las Comunidades Autónomas, debe contener la previsión correspondiente para incluir a las universidades como agentes intervinientes en la lucha contra la violencia de género, dotándoles de medios materiales y humanos suficientes para alcanzar su objetivo. Con ello se podrá dar respuesta adecuada a la creciente y legítima demanda social en relación con las personas que estudian y se titulan en las universidades, de manera que egresen de sus aulas con las competencias y destrezas necesarias para este indispensable cambio social hacia la igualdad.

Las universidades tenemos como núcleo irrenunciable de actuación, el principio de igualdad, siendo ineludible la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas de conocimiento según el grado de intensidad que se requiera en cada una de ellas.

Así mismo, es una creciente demanda social que las universidades impartan formación inicial y específica en los planes de estudios de grados y másteres que capaciten para el ejercicio profesional con perfil cualificado en los procesos derivados de las situaciones de violencia de género.

El bárbaro goteo de asesinatos de mujeres, y crecientemente de hijas e hijos, exige la inclusión de una formación continua, rigurosa y actualizada para quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de las víctimas y su protección frente a hombres, muchas veces padres, que, en un ejercicio dilatado en el tiempo, delinquen dañando definitivamente la vida, la libertad y los derechos de la mujer, así como los de su descendencia.

La formación especializada dirigida a los itinerarios profesionales correspondientes a todos los agentes judiciales, al cuerpo facultativo médico y personal sanitario, así como a los diferentes cuerpos policiales, docentes de primaria y secundaria, comunicadores, publicistas y creadores audiovisuales y de contenidos digitales y otros perfiles intervinientes, es una exigencia que no puede ser eludida ni ocultada ante los resultados que derivan de un sesgo inconsciente en la valoración, adopción y mantenimiento de medidas de protección y garantía.

Porque la ausencia de perspectiva de género en la evaluación de los hechos que fundamentan la violencia de género lleva a la consolidación de falsos presupuestos, otorgando autoridad a quienes niegan la existencia de una violencia sistémica contra las mujeres.

En esta conmemoración del 25N, las Universidades mantenemos nuestro compromiso activo y firme en la lucha contra la violencia de género. Somos conscientes de que para ello es necesario incorporar las exigencias formativas antes aludidas, así como otorgarles un carácter de urgencia.

Tras largos años de recortes en las políticas universitarias, necesitamos el respaldo institucional y financiero del gobierno de las comunidades autónomas para acometer las políticas de género, ya que, sin dicho respaldo, resulta muy difícil, cuando no inviable, que las universidades, y sus unidades de igualdad, podamos asumirlas.

Como señala la Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sra. Mlambo, “la violencia de género es inaceptable, se puede evitar, se puede prevenir. Hagámoslo posible”.